Personas con un grado de discapacidad reconocido del 33% o superior, así como para esudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad que durante su escolarización anterior hayan requerido recursos y soportes para una normalización educativa plena.

• Resolución o certificado acreditativo del grado de discapacidad y, en caso de grado de discapacidad inferior al 33%, documento acreditativo de la comunidad autónoma del soporte educativo que hayan tenido.
• Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que reconozca la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
• Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa que reconozca una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
• Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).